Azotados por el Gobierno y la sequia
Por Sociedad Rural de Rosario
El primer día de este año alertábamos que, para el sector agropecuario, 2023 estaba perdido y ese vaticinio se profundizó ya que la sequía durante todo el verano azoló y “la cosecha”, muestra dramáticos resultados.
En diciembre 2022 se perdieron el trigo y las legumbres. La cosecha de soja y maíz se calcula a nivel nacional en un 35% del total esperado, muy por debajo de los 20 millones de toneladas. Similar situación está observándose con el sorgo y el girasol. Por lo que la provincia de Santa Fe, obtendrá un 20% de los resultados históricos.
El panorama ganadero es muy negativo, tanto para los rodeos de cría y tambos. Se siguen vendiendo vacas a precio de remate, por falta de preñez, estado corporal o bien falta de reservas invernales. Como si esto fuera poco, la falta de agua en el perfil impidió la siembra pasturas para cubrir el invierno.
En síntesis, la actual situación es de catástrofe para el sector y la cadena productiva, se estiman pérdidas del orden de 21 mil millones de dólares que se invirtieron y no se van a recuperar. Además, venimos de años de desfinanciamiento provocados por la confiscación impositiva que hoy se acrecienta, observando que el Estado nacional participa del 79,10% de la renta agrícola, y del 94,1% de la renta de la soja, inadmisible. Se han perdido los precios de referencia del mercado para nuestros productos, insumos y repuestos, con una inflación creciente que asfixia todavía más la vida de todos los argentinos.
Sin embargo, en marzo, el Estado nacional, extendió la Resolución del Banco Central A7720, la cual impide acceder a créditos con tasas subsidiadas, a aquellos productores que tengan más del 5% soja en existencia, o bien hayan vendido cereal en plan dólar soja I, II y dólar agro, trabando así una herramienta de financiación para toda la banca argentina, para hacer frente a la cadena de pagos que se está cortando. Hoy es imprescindible derogar esta disposición para poner en marcha la actividad económica.
Además, de exigir en tiempo y forma, los certificados de desastre agropecuario provincial, para hacer frente a las obligaciones ante AFIP; nada más con ver la realidad, es la prueba fehaciente que los justifica.
El sector productivo respira un ambiente de impotencia y desesperación, ya que perdió su inversión, su capital y quizás su futuro. Mientras tanto, el Estado desenfrenado traba y confisca automáticamente, cuando son imprescindibles las soluciones. No queremos privilegios, pero sí que nos permitan trabajar libremente, como lo determina nuestra carta magna, la Constitución Nacional. Argentina, lo necesita.
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