El presidente de una sociedad rural entrerriana aparece en la lista de contratados del Senado
Se trata de Justo Julián García, titular de la Sociedad Rural de Gualeguay. El dirigente asesora al senador Casiano Otaegui (Juntos por Entre Ríos - Gualeguay) en temas relacionados con el sector agropecuario, como la ley de fitosanitarios y las iniciativas vinculadas a los biocombustibles. La noticia generó ruido en parte de la dirigencia ruralista, pero García considera que no hay ninguna incompatibilidad entre su actividad gremial y su puesto de asesor. Danilo Lima
Luego de que ambas cámaras de la Legislatura provincial, ante un pedido de la ONG Entre Ríos sin Corrupción, dieran a conocer la información pública con los listados del personal contratado bajo distintas modalidades, en el sector agropecuario llamó la atención el nombre de Justo Julián García, actual presidente de la Sociedad Rural de Gualeguay.
La noticia generó ruido entre algunos pares de García porque entienden que la contratación puede ser considerada reprochable desde el punto de vista ético.
Es más: una fuente del ruralismo le dijo a este portal que “hay presidentes (de sociedades rurales) que están recalientes” con este tema. Otra fuente, en tanto, recordó que ha habido ruralistas convocados para la función pública, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, que antes de asumir “renunciaron al cargo que ocupaban” en las comisiones de sus respectivas rurales.
García, sin embargo, consideró que su contrato en el Senado no es incompatible con su labor gremial. “Yo soy un asesor externo del senador Otaegui, trabajo con él a título personal, no tiene nada que ver con la parte gremial”, le dijo el presidente de la rural gualeya a CÓDIGO CAMPO. “Es un trabajo más de los que hago porque tengo mi empresa, asesoro campos, presto servicios de silaje. No hay ninguna incompatibilidad, para nada”, enfatizó.
García, asimismo, contó que el senador Alberto Casiano Otaegui (Juntos por Entre Ríos - Gualeguay) lo convocó al inicio de su gestión como legislador. “Me pidió que lo acompañara y formo parte del grupo de asesores”, dijo, y precisó que “me ocupo, concretamente, de todo lo relativo al sector agropecuario. Estoy trabajando, por ejemplo, en el proyecto de ley de fitosanitario y en las iniciativas vinculadas con la promoción de los biocombustibles, entre otras varias temáticas”.
El ruralista gualeyo admitió que su contratación puede ser interpretada por cuestiones políticas porque “ha habido un montón de contratos que se daban a punteros políticos”, pero remarcó que no es su caso. “La verdad es que para mí es un honor integrar este grupo de asesores y poder delinear las políticas públicas para nuestro sector, que es lo que más me interesa. Es un desafío enorme porque son los lugares de real trascendencia y a mí me motiva mucho”, resaltó.
García, además, si bien no dio la cifra del monto de su contrato, dijo que, como ingeniero zootecnista que es, “acordamos el pago en un día técnico por semana”.
Cabe señalar, en este sentido, que los honorarios de los profesionales de la agronomía están arancelados a través de una unidad que se llama Valor del Agro –similar al Jurista de los abogados– y cuyo valor es de 1.161 pesos. La cantidad de Valores del Agro que se abona depende del trabajo a realizar, con un piso de 24 Agros (27.864 pesos) en el caso de una consulta a gabinete, y un techo de 210 Agros (243.810 pesos) cuando se trata de un día de campo.
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