El INTA que no queremos
Por Ariel Pereda (*)
La palabra “modernización”, por lo general, suena bien. Hace referencia inmediata al progreso, a una mayor eficiencia, adaptarse al futuro. Cuando se utiliza como único concepto para justificar el cambio o la transformación, exige un análisis profundo sobre los diagnósticos y fundamentos que lo impulsa. El reciente decreto presidencial que redefine el INTA no lo elimina formalmente, pero lo modifica en su esencia. Lo que se propone no es una reforma, sino una transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta.
Porque lo que se está desmantelando no es solo un organismo técnico. Es una institución pública federal, con prestigio internacional, profundamente meritocrática, con una rica historia de logros y una legitimidad construida desde la participación territorial. Lo que está en riesgo no es una estructura administrativa, es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país.
¿Cómo se destruye una institución sin cerrarla?
Eliminando su autonomía, quitando poder a sus representantes territoriales, borrando la voz de la academia y reduciendo la de los productores en el Consejo Directivo. Con esta reforma, el INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno, con una mayoría automática en la toma de decisiones y un presidente con rango de secretario que concentra todo el poder. La nueva versión del INTA se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con un alto riesgo a transformarse en autocrática. ¿Qué podemos esperar? Que se promuevan y financien sólo las líneas que generen rentabilidad inmediata o que cuenten con lobby privado. Las economías regionales, los productores familiares, los saberes locales, pues quedarán fuera del radar. No por falta de mérito, sino por falta de rédito.
Una modernización que no escucha, impuesta con prepotencia
El Gobierno justifica esta intervención con datos erróneos o tergiversados. Hablar de 932 cargos jerárquicos; de un crecimiento del 100% de su planta en los últimos 20 años; de poseer 110.000 hectáreas de las cuales en 65.000 no se sabe que pasa; o de la existencia de 3.000 vehículos… Es falso. Pero que encima de todo esto, se afirme y argumente que el INTA había perdido su rumbo, con líneas de investigación libradas a criterio de cada investigador no sólo es falso, no sólo desconoce la planificación y determinación de las líneas estratégicas definidas en conjunto con los consejeros en todo el país, sino que es sumamente ofensivo. Por si fuera poco, sumado a ello, se desconoce el trabajo cotidiano, austero y comprometido de miles de técnicos, personal de campo, extensionistas e investigadores que hacen del INTA una institución de referencia nacional e internacional.
Hay más y peor aún. Jamás se promovió esta medida a partir del diálogo constructivo entre las partes. Desde diciembre de 2023, la Dirección Nacional participó de reuniones, proponiendo diálogo, demostrando las capacidades e importancia del INTA para el país, y hasta desarrolló propuestas con la intención de frenar una acción que genere un impacto negativo irreversible, como la que al fin se está concretando. La contraparte del Gobierno nunca tuvo la real intención de escuchar; sólo de imponer. Ha sido un monólogo autoritario y prepotente, no una discusión democrática. Y, sin embargo, el INTA siempre estuvo abierto a mantener las conversaciones racionales y fundadas en datos reales no tergiversados. Contamos con un plan estratégico institucional y planes de mediano plazo, elaborados junto a nuestros Consejos, donde se incorporan procesos de mejora continua, innovación y evaluación. Siempre dispuestos a revisarlos. Lo que falta no es modernización. Lo que molesta, parece, es la autonomía.
¿Modernizar para quién?
El nuevo decreto permite borrar del mapa las agencias de extensión rural. No sólo desaparecen cerca de 300 espacios de trabajo territorial, desde Ushuaia a La Quiaca, sino también las redes de trabajo con municipios, asociaciones de productores y otras organizaciones locales. Además, se podrían eliminar los Centros Regionales, ámbito de diálogo directo, de articulación de acciones y de apoyo a los gobiernos provinciales. También a los consejos locales, que orientaban las decisiones desde el territorio y garantizan el vínculo inmediato con el sector.
Lo que va a quedar es un INTA centralizado en Buenos Aires, con mirada única y foco preeminente en la pampa húmeda. El resto del país –la mayoría– pierde representación, pierde presencia, pierde capacidad de desarrollo, pierde futuro.
Y cuando se analiza la creciente injerencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en este proceso, la sospecha se vuelve legítima, ¿esto se trata de mejorar para el desarrollo de más ciencia y tecnología…o hay otro tipo de intereses detrás?
En resumidas cuentas, el INTA, tal como lo conocimos, está siendo desmantelado con una mezcla de soberbia, ignorancia y oportunismo. No se trata de sostener privilegios. Se trata de defender una institución pública, federal, meritocrática, científica-tecnológica y democrática que hace siete décadas trabaja brindando conocimiento, tecnologías, innovación para el desarrollo de un sector agrobioindustrial más justo, diverso y sustentable. Modernizar no puede ser sinónimo de arrasar. Y gobernar no puede ser sinónimo de imponer.
(*) Director Nacional del INTA
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