Precios del gas: un análisis político del informe técnico oficial de cara a la audiencia pública
Por Alejandro Di Palma (*)
El Gobierno presentó el informe técnico que describe su posición frente al llamado a audiencia pública publicado el pasado 6 de enero (Resolución 2022-2-APN-SE) donde “no se propondrá definir el precio” en el “punto de ingreso al sistema de transporte (PIST)” (precio en PIST), dado que éste fue definido y fijado por cuatro años en el último Plan Gas. Sino que fracción de este precio será a cargo de los usuarios y por ende quedaría a cargo del Estado.
Este informe técnico es el que resulta del artículo Nº 5 de la resolución de llamada a audiencia pública y, reiterando conceptos, es el informe que será expuesto por la Secretaría de Energía como posición oficial, de manera que para todos aquellos que no van a participar de esta audiencia, sigue un análisis objetivo de esta “curiosa” posición oficial.
La definición sobre cuál será el aumento de la parte del gas a cargo de los usuarios, debe ser autorizada por el ENARGAS según indica la ley. Como se verá más adelante, el ENARGAS es hoy el único jugador que limita la fracción a cargo de la sociedad de las pretensiones de las empresas productoras.
Antes de analizar el gráfico, cabe aclarar que el llamado “costo del gas” se refiere a lo que las empresas pretenden cobrar y no su “costo real de producción”, que es (como se verá) un tercio de lo que las empresas cobran.
Surge del gráfico el hecho de que el costo energético es inflexible (lo que cobran las empresas productoras), no se discute, el debate se centra solamente en cómo se va a repartir la carga de un costo energético inapelable.
Estimando algunos números
En un modelo como éste, donde el Estado nacional utiliza una importante porción de gasto público asistiendo excesivamente a las empresas energéticas, y aportando con gravosos subsidios del Tesoro Nacional a incrementar sustancialmente su rentabilidad, resulta absolutamente relevante analizar “los verdaderos costos totales de la producción de las empresas” para así conocer exactamente el orden de la renta que el conjunto de los argentinos les está subsidiando, lo cual implica estimar el punto de equilibrio económico (break even) promedio aproximado de las empresas productoras.
En economía, el “break even”, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, es el nivel de costo que hace cero el beneficio empresario. Debajo de ese punto la empresa entra en zona de pérdida.
Es en el sentido anterior en el que resulta práctico hacer algún número rápido que nos dé una idea de lo que estamos hablando. En la industria argentina del gas la oferta se divide aproximadamente así: el 50% es gas es “convencional” y el otro 50% “no convencional”.
Podemos asegurar que el “break even” del gas convencional es bastante menor a 1,00 U$S MILL BTU (¿cercano a U$S 0.70 MILL BTU?). En la otra mitad no convencional, de la mano de espectaculares rendimientos de los yacimientos y sus volúmenes (ya hay pozos que producirán en sus cortas vidas 1.000 Mill de m3), el punto de equilibrio hoy es menor a los U$S 2,00 MILL BTU. Luego el promedio de estos dos puntos de equilibrio ya es bastante menor a los U$S 1,50 MILL BTU.
Por lo dicho, al promedio anterior podríamos asignarle una renta más que generosa fijando un promedio de precios totales alrededor o un poco por encima de U$S 1,50 POR MILL BTU o, quizás, aumentar el valor y junto con él, la renta de las empresas productoras, de forma tal de exigirles a estas empresas una capitalización superior con el fin de que realicen las inversiones necesarias para poder “producir y transportar” más gas, exportando el fluido que se produzca en “exceso al consumo del mercado interno”. Redondeando números, este podría ser U$S 1,80 MBTU.
Ya U$S 1,80 implicaría un retorno promedio del 30%/35% anual en U$S sobre el costo anual de producción. Esos retornos anteriores están explicando en este momento el des-estrés que está experimentando YPF a pesar de lo gravoso de sus pasivos.
Veamos que este número difiere temerariamente de los U$S 3,50/4 MILL BTU que fija el plan Gas.Ar, por lo que entendemos que, en una audiencia pública con planteo distinto, habria mucho margen como para reducir los subsidios sin tocar la parte que paga el usuario prioritario. Pero esto anterior significaría una ruptura de lo estipulado en el plan gas, dado que los precios de venta del gas ya han sido fijados hasta 2024.
Vemos que siendo la diferencia entre los posibles U$S1,50 y los U$S 3,50 fijados e “inapelables” tenemos U$S 2,00/MBTU que implican un retorno anual del 133% sobre el valor posible (U$S 2 / U$S 1,50 = 1,33).
Como síntesis, tenemos que en este modelo es el Estado nacional (a través de los subsidios y el dinero de los contribuyentes) el agente económico que le financia tasas de retorno de tres dígitos a las empresas productoras de gas (empresas petroleras).
Definitivamente este tema, caracterizado por los números que acabamos de exponer, debe ser puesto urgentemente en la mesa de discusión macroeconómica y energética.
El Estado nacional, teniendo la mayoría de la empresa productora más grande (YPF), no puede someterse a este proceso extorsivo que obliga a destinar una buena parte de gasto público para financiar rentas extraordinarias, so pena de ser desabastecido de su recurso energético más preciado.
Sociedades necesarias
Un problema recurrente, reside en que este tema es discutido y resuelto por agentes políticos asesorados por un “staff técnico” que ocupa los puestos de los distintos niveles del Estado, conformando una “burocracia técnica” que ha sido francamente colonizada por las empresas petroleras y sus intereses, lo que permitió orientar las decisiones políticas en un sentido tal que, retrospectivamente, resultan flagrante e indiscutiblemente erradas. Veamos ahora cómo resulta clara la anterior sentencia: estos burócratas han insistido y convencido que los verdaderos costos energéticos son los que hoy propone el Plan Gas.Ar y que hasta hace poco tiempo resultaban de la Resolución 46/2017 que promovió Juan José Aranguren y que permitió ampliar la producción de gas en Vaca Muerta a un costo pírrico, generando desequilibrios indiscutibles en el mercado local de gas y en las cuentas del Tesoro Nacional.
Vemos que nuestros políticos son orientados por este “staff técnico” que, curiosamente, adhiriendo a las necesidades de las productoras de gas, han justificado desde la técnica y utilizando términos ingenieriles, una indiscutible transferencia de renta desde la sociedad hacia las empresas petroleras, transferencias de distintas magnitudes conforme las ideologías o las posibilidades coyunturales del país, este último fue el único límite.
El cuarto jugador
En este modelo hasta hace poco tiempo y como lo describe el grafico inicial, participaban tres jugadores, el Estado nacional, la sociedad y las empresas productoras.
El problema actual, que propone un desastre sin solución, es el ingreso en este curioso modelo donde los costos energéticos son siempre justificadamente exorbitantes e indiscutibles, de un cuarto jugador (el FMI) que limita la participación del Estado nacional como amortiguador de las pretensiones (siempre justificadas por la “burocracia técnica”) de las empresas productoras de gas.
En este juego descripto en la primera parte de este artículo, el FMI como cuarto jugador, obliga al Estado nacional a reducir los subsidios, sin poner en tela de juicio el excesivo precio final de gas, cosa que en el modelo actual implica un aumento de tarifas sin la amortiguación que traería adecuar el “precio en PIST” hacia zonas de una rentabilidad “elevada pero no excesiva”, cosa que en el modelo actual, donde resulta absolutamente inapelabe el precio de la energía, implica un aumento de tarifas, es decir un estrés social de la mano de la erosión de los ingresos, daño que resulta proponerse en una momento algo inoportuno (40% de pobreza y una lucha infructuosa por evitar la pérdida de base electoral).
Corolario
Es en este preciso momento donde resulta absolutamente necesario un cambio radical en la matriz de funcionamiento de los mecanismos que definen los costos energéticos, de forma tal que no resulta sustentable postergar la construcción de una “burocracia técnica” que tenga muy en claro el motivo de su existencia (atender a los intereses del erario público), una selección de cuadros políticos con posibilidades (aunque sea mínimas) de interpretar las cuestiones técnicas sin distorsiones obvias y luego, con los dos elementos anteriores, amalgamar un equipo de trabajo para pelear por los intereses nacionales.
(*) Empresario paranaense. Titular Estación de Servicios de Laurencena.
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