El debate que falta

Danilo Lima (*)

31/01/2022 | Entre la sequía y la emergencia agropecuaria

Desde este lunes están disponibles en la página web del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos los formularios que los productores agropecuarios afectados por la sequía deben completar para ser incluidos en la emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda. Haciendo click en el link https://www.entrerios.gov.ar/emergencia_agropecuaria/, los chacareros encontrarán el instructivo que los ayudará a confeccionar la declaración jurada –que debe ser avalada por un profesional de las ciencias agropecuarias–, indispensable para acceder a los beneficios contemplados en la legislación vigente.

La declaración de la emergencia, básicamente, habilita a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a disponer el diferimiento y planes de pago especiales de los vencimientos del anticipo único y los anticipos 1º y 2º del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural 2022 a una fecha posterior al 31 de agosto de 2022.

La norma, asimismo, fija un plan de pagos especial de los anticipos 1° y 2° diferidos en el Impuesto Inmobiliario Rural y para los sujetos comprendidos en el mismo, de hasta tres cuotas, mensuales y consecutivas. La primera cuota vencerá el 15 de enero de 2023.

La declaración de la emergencia, que fue firmada la última semana por el gobernador Gustavo Bordet, será homologada por el Gobierno nacional hacia mediados de febrero, aunque existe la posibilidad de que el trámite se acelere y ese requisito esté listo antes.

Ahora bien, ante fenómenos climáticos como esta sequía, que devastan prácticamente toda la producción agropecuaria de la provincia, ¿alcanza con la emergencia agropecuaria? Está claro que no. Es absolutamente insuficiente.

Lo saben los productores, los primeros damnificados; lo saben en los pueblos y ciudades de Entre Ríos, cuyas economías dependen casi exclusivamente de la actividad agropecuaria; y también lo saben los funcionarios públicos.

El mismo gobernador Bordet lo reconoce. “Estamos trabajando en líneas de crédito para que los productores afectados por la sequía puedan recomponer el capital de trabajo”, declaró el mandatario luego de reunirse, por primera en seis años, con los referentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, hace unos días, en el Centro Provincial de Convenciones.

Bordet entiende perfectamente –y los funcionarios del Ministerio de Producción más todavía– que la clave para salir de estos laberintos en los que el clima encierra a los productores es una inmediata asistencia económica que permita mantener la rueda productiva en movimiento.

Diferir el pago de los impuestos está bien –y más en tiempos como los actuales en donde la (indetenible) inflación licua los valores– pero el quid de la cuestión es “el día después”. Hay que aflojar la cincha impositiva –que cada vez aprieta más, dicho sea de paso–, pero, sobre todo, disponer de herramientas financieras ágiles, rápidas, de acceso sencillo, que les otorguen al productor la garantía y tranquilidad necesarias de saber que, más allá del durísimo golpe que supone perder una cosecha, podrá seguir trabajando.

Acaso, después de esta dramática sequía, cuyos efectos negativos sufrirá toda la sociedad –aun aquellos que creen no tener nada que ver con el campo–, sea un buen momento para comenzar a debatir, en serio qué tipo de instrumentos se pueden idear para conseguir aquel objetivo.

Un seguro multirriesgo, tal vez, sea una buena herramienta, o un fondo específico para este tipo de catástrofes financiado con el dinero de alguno de los tantos impuestos que paga el productor. Es decir que la plata que el Estado obtiene de la actividad agropecuaria, sin correr ningún riesgo, vuelva a los que sí arriesgan: los productores. Al fin de cuentas, uno y otros son socios de un negocio que genera mucho dinero.

En el Gobierno provincial, según señalan algunos funcionarios, hay predisposición para iniciar este debate que debe incluir también a legisladores, intendentes, entidades agropecuarias gremiales y técnicas, universidades e instituciones y organismos del sector, entre otros.

Este año sin competencia electoral –cuyas pasiones y mezquindades se filtran en todos lados–, además, quizá sea un buen momento para iniciar, por fin, un debate impostergable. Sólo falta la decisión política.

 

(*) Editor y conductor de Código Campo

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