Retenciones más sequía, un golpe en la línea de flotación
El Distrito Entre Ríos de la SRA dio a conocer un estudio sobre el impacto impositivo en el marco de los fenómenos climáticos que se han sucedido. “Si a la asfixiante presión impositiva se le suma una seca, el resultado es un productor descapitalizado y una economía en peligro, mientras el Gobierno nacional y provincial continúan recaudando”, remarca el trabajo. El caso testigo de Entre Ríos. Código Campo
En el marco de “la presión impositiva asfixiante” que sufre el sector agropecuario en nuestro país, “cargas rígidas” como las retenciones -que se han quedado sin sustento legal tras el vencimiento del plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública el 31 de diciembre pasado –sumadas a una sequía o incendios como los que azotaron –y aún azotan– a los cultivos de varias provincias en estos meses, “generan un impacto que atenta contra la rentabilidad de la actividad, siendo el que recauda el único ganador”.
Este escenario se describe en un informe presentado por el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en donde se remarca que “todo esto, lejos de poder caminar hacia un sistema tributario más equitativo, no hace más que profundizar la rigidez y presión sobre un sector productivo que genera actividad económica en el interior, cuantiosas divisas para el país y numerosos puestos de trabajo directo e indirecto”.
“Las retenciones y la batería de impuestos que paga la actividad demuestran que el Estado siempre recauda aunque no haya rentabilidad. Por esta razón es que reclamamos una genuina reforma tributaria ante la emergencia que se está viviendo solicitando la eliminación de los impuestos distorsivos en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional”, indicó Juan Diego Etchevehere, director por Entre Ríos de la SRA).
La actividad productiva presenta hoy un escenario complicado para todos los entrerrianos, puesto que “la alta carga tributaria expone una situación de gran desequilibro en el sistema de producción y oferta de alimentos, y con ella una pronunciada inestabilidad en las variables macroeconómicas”, agrega el documento, y remarca: “Necesitamos que se debata un sistema impositivo nuevo y más simple, que evite las duplicaciones de la materia imponible y elimine los impuestos distorsivos con el objetivo de disminuir la presión tributaria en los productores”.
El caso testigo de Entre Ríos
La SRA elaboró un estudio económico en relación a la actividad agrícola de la provincia de Entre Ríos, siendo un caso testigo de “la situación desesperante” que atraviesa un alto porcentaje de los productores de todas las regiones afectadas.
Para ello se tomaron como referencia los cultivos de soja y de maíz realizados en establecimientos de hasta 500 hectáreas, y se cuantificaron los impuestos que ingresan al fisco de lo producido por hectárea cultivada.
“Actualmente la actividad agrícola de soja y maíz debe pagar por campaña 19 impuestos: nueve nacionales –como las retenciones, ganancias, ganancias por arrendamiento o el impuesto al cheque, entre otros y nueve impuestos provinciales –como el inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos al contrato de compra y venta, entre otros–, además del costo financiero que incurre el productor por el sistema de reintegro y pago del IVA”, describe el informe.
Teniendo en cuenta los impuestos a afrontar, de lo que genera una hectárea agrícola en la provincia se observa que “la presión tributaria ya es altísima en una situación normal y que ésta se acentúa hasta poner al productor en situación de quebranto” ante fenómenos exógenos tales como eventos climáticos adversos o una caída de los precios internacionales.
En el caso de la soja, en una situación normal, el Estado “se lleva el 87% del margen neto operativo antes de impuestos de lo que genera una hectárea, y si este mismo productor debe afrontar una caída del 30% del rendimiento a causa de una sequía, como ha ocurrido a muchos productores en estos días, el Estado se termina llevando el 122% del margen neto antes de impuestos. La inflexión del sistema tributario nacional y provincial deja al productor en rojo”, subraya el trabajo.
Mientras, en el caso del maíz, el Estado “se lleva el 76% del margen neto operativo antes de impuestos, mientras que ante una sequía que afecta al 40% del rendimiento, como también ha ocurrido en esta campaña, el fisco termina absorbiendo en impuestos el 710% del margen neto operativo, llevando al productor a la quiebra total por pagar los impuestos de una producción que no existió”.
Esto es así, explica el informe, porque “el 60% del total de los impuestos que asume una hectárea de maíz son impuestos distorsivos, mientras que en el caso de la soja es del 80%”.
El peso y la rigidez del sistema tributario llevan al productor “a una situación de quebranto, en favor del Estado que sigue recaudando”, reitera el trabajo de la SRA, y, por último, recuerda que en la campaña 2020/21 los productores de Entre Ríos “transfirieron por derechos de exportación 441 millones de dólares”.
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