Vialidad demora los pagos a los consorcios camineros
El organismo certifica los trabajos, pero la plata no aparece, se quejan productores y vecinos. El atraso genera perjuicios, básicamente porque la constante y elevada inflación que licua el valor del dinero. Danilo Lima
De los siete consorcios camineros que se encuentran actualmente operativos en Entre Ríos sólo uno recibe los pagos correspondientes –el último de ellos efectivizado en marzo–, mientras los seis restantes no ven un peso desde noviembre de 2021.
La preocupación ante la falta de pago por parte de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a pesar de que los trabajos ya han sido certificados, fue expresada por Edgardo Barzola, el consejero de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) en representación de la Asociación de Cooperativas Aregntinas (ACA) Distrito Entre Ríos, quien remarcó los perjuicios que estos incumplimientos generan, básicamente porque los altos niveles de inflación del país licuan constantemente el valor del peso.
“Se están haciendo gestiones para que Vialidad abone lo que les debe a los consorcios, pero hasta el momento no han dado los resultados que los productores y vecinos esperan”, señaló Barzola en diálogo con CÓDIGO CAMPO.
“De los siete consorcios sólo uno recibió hasta marzo el pago por la certificación de los trabajos realizados”, precisó Barzola, mientras “los demás sólo recibieron la plata hasta noviembre del año pasado”.
“Este atraso en los pagos, con la inflación que hay, perjudica mucho a los productores y los vecinos”, agregó. “Los trabajos continúan gracias al esfuerzo de la gente, pero la plata no aparece”, se quejó Barzola.
Los consorcios camineros, vale recordarlo, son asociaciones sin fines de lucro constituidas por grupos de productores o vecinos asociados voluntariamente, cooperativas y entidades rurales, para conservar o mejorar los caminos de la red vecinal o rural.
A partir de su reconocimiento e inscripción ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, los consorcios adquieren el carácter de personas jurídicas públicas no estatales con capacidad para actuar pública o privadamente y para adquirir derechos y contraer obligaciones.
El Estado las reconoce como entidades de bien público y compromete su asistencia profesional, técnica, de recursos y de maquinarias para la consecución de sus objetivos.
Los siete consorcios operativos en la provincia son Alarcón (109 km), Crucesitas 8ª (134 km), Gilbert (157 km), Isla N°9, La Esperanza (143 km), Santa Anita (238 km) y Urdinarrain (176 km).
Archivo relacionado: Descargar
