Fuerte rechazo a la iniciativa oficialista que busca modificar la estructura del INTA

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una vez más –como sucedió con el proyecto que busca expropiar tierras del organismo en Catamarca, con media sanción del Senado– es motivo de interés de legisladores del oficialismo, pero no para aumentar su presupuesto ni para mejorar los deteriorados salarios de sus técnicos y trabajadores, que serían iniciativas muy loables, sino para cambiar la conformación del Consejo Directivo, promoviendo la salida de los representantes de las entidades del campo, en un nuevo round de esta interminable pelea del Gobierno con el sector agropecuario.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Alcira Figueroa (FDT-Salta) y Mabel Caparrós (FDT-Tierra del Fuego).

Las voces contrarias, esta vez, se hicieron oír de inmediato, al punto que desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos subrayaron que se oponen “a que el Estado colonice un emblema del campo argentino”, como definieron al INTA.

A través de un comunicado, los referentes de Fedeco, Farer, la Sociedad Rural y la Federación Agraria remarcaron que “nos oponemos categóricamente a un nuevo intento del Estado de colonizar el INTA”, instituto creado en 1956 para fomentar el desarrollo tecnológico, científico y humano del campo argentino, potenciando el arraigo rural, la sustentabilidad económica y ambiental y el federalismo productivo.

El proyecto presentado por las diputadas nacionales Mabel Caparrós y Alcira Figueroa “tiene el propósito de eliminar del Consejo Directivo del INTA a todas las voces representativas del campo, académicas y científicas, y reemplazarlas por expresiones políticas afines a un discurso oficial único y no plural”.

Esta iniciativa, enfatizaron los dirigentes del campo entrerriano, “se convierte en nueva avanzada contra el INTA y el campo; anteriormente el oficialismo buscó impulsar trabajos técnicos sin base empírica contra el sector agropecuario, luego llevar adelante proyectos expropiatorios en diversas experimentales (Salta, Catamarca, etc.) y ahora silenciar las voces independientes dentro de la institución”.

Por todo ello, la Mesa de Enlace provincial solicitó “a los legisladores entrerrianos, a quienes pretenden llegar al Congreso Nacional, a las instituciones libres, al ruralismo en su conjunto y a la sociedad entera que pretende vivir en un Estado democrático con seguridad jurídica, que alcen públicamente su voz y nos acompañen en este rechazo”.

Los colegios

La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia) –integrada, entre otros, por el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer)–, la Federación Veterinaria de la República Argentina –que incluye al Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (Cmver)– (FEVA), la Federación de Colegios y Consejos de Veterinarios de la República Argentina (Fecovet) y la Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF), en la misma línea, consideraron que “no deberían existir dudas en la constitución del Consejo Directivo del INTA, institución insigne en materia de investigación, extensión y desarrollo del sector agropecuario, y organismo de vanguardia y reconocimiento nacional e internacional”.

Fadia, FEVA, Fecovet y FAIF están convencidas de que el Consejo Directivo del INTA “debe incluir el sector público-privado del sector agroalimentario y forestal” representado por:

• Las entidades gubernamentales que definen políticas públicas.
• Las Facultades que no sólo forma futuros profesionales sino además realizan una importante tarea de investigación aplicada.
• Las organizaciones de productores que representan todas las escalas producción (grandes, medianos, pequeños y de la agricultura familiar).
• Las organizaciones de profesionales de las ciencias agropecuarias y forestales que nuclean Colegios y/o Consejos en todo el país que aun hoy no han sido incluidas y que representan el anclaje técnico territorial de las políticas agroalimentarias y forestales.

Las cadenas

Mientras, las cuatro cadenas de cultivos (Acsoja, Asagir, Argentrigo y Maizar) no tienen dudas de que el INTA es la “nave insignia” como organización científica tecnológica con gobernanza público privada desde más de 60 años. “El apuntar arteramente a la composición del Consejo Directivo proponiendo sólo la conducción del Estado, es destruir la esencia de la participación privada y académica en el debate y en las decisiones de las políticas de la institución, que mucho tiene que ver con el prestigio que el INTA tiene dentro y fuera del país. Esta embestida no es un hecho aislado porque ya sobrevoló en otras ocasiones”, enfatizaron.

“Son innumerables las instituciones, asociaciones y cámaras por solo nombrar algunas que tienen una profunda y virtuosa relación de trabajo con el INTA hace muchos años de las que se desprenden cantidades de experiencias positivas y exitosas que resultan de la interacción y el trabajo conjunto”, ponderan las cuatro cadenas.

Ante esta situación y con “la convicción de que el camino que arroja mayores beneficios para nuestro país es el del diálogo y la construcción conjunta, es que solicitamos que esta iniciativa política sea desestimada, conservando a INTA como la institución científico-técnica, que es y debería continuar siendo”.

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