En Diputados continúa el debate del proyecto de ley de fitosanitarios
La comisión de Recursos Naturales y Ambiente volvió a reunirse y escuchó las posturas de representantes del Consejo General de Educación y Agmer. El presidente de la Comisión, Juan Manuel Rossi, admitió que “el gran tema”·en discusión son las distancias de aplicación de los agroquímicos, pero que el tema de fondo es el ordenamiento territorial. Código Campo
La comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, que preside Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), se reunió este martes para continuar con el tratamiento del proyecto de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios.
En esta ocasión, los diputados escucharon apreciaciones acerca de la problemática de las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales, de parte de representantes del Consejo General de Educación (CGE) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
Rossi, durante una entrevista con el programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Florencia Gómez e Ignacio Koornstra por Radio Costa Paraná (88.1), realizada unos minutos antes del encuentro, explicó que “el proyecto de ley que estamos debatiendo tiene un apartado dedicado a las escuelas rurales, básicamente las distancias de aplicación, de fumigación o pulverización”.
“Acá el gran tema del proyecto de ley, que tiene unos 90 artículos y en 75 hay consenso –con algunas modificaciones que quieren hacer de diferentes actores de la sociedad civil–, es la distancia de fumigaciones, así dicho vulgarmente”, remarcó Rossi.
El legislador, en este sentido, precisó que el proyecto, básicamente, define tres zonas: una zona de exclusión, donde no se puede aplicar ningún tipo de agroquímico; una zona de amortiguamiento, un área intermedia en donde se pueden aplicar algunos productos y otros no, están prohibidos; y una zona de libre aplicación. “En función de esas tres zonas que define el proyecto de ley se establecen distancias, radios, según una referencia, si es una planta urbana, o sea si es un casco urbano mayor a 250 personas; si es una escuela rural; o si es un área sensible con o sin personas, en donde se incluyen los arroyos, reservas naturales, cursos de agua”, explicó.
En función de esas tres áreas y de la referencia, hay diferentes distancias y diferentes requisitos básicamente de clima, y de presencia o no de profesionales, ya sean ingenieros agrónomos o veterinarios.
Rossi aclaró que el proyecto en discusión ya tiene estado parlamentario, desde diciembre de 2022, desde la gestión de Gustavo Bordet. “Pasó todo 2023 y nunca se juntó la Comisión de Ambiente. Entonces retomamos ese proyecto, que tiene el consenso de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas, básicamente del sector productivo de la provincia, y está consensuado”, comentó el legislador oficialista, y agregó: “Nosotros lo que hemos hecho es tomar ese proyecto, y hemos invitado a gente relacionada con la salud, fundamentalmente toxicología, gente de escuelas rurales, gente de ambiente de diferentes perfiles, y también gente de los gremios para a sumar todos los aportes. Llegado el momento propondremos con el consenso de los diputados de la comisión un dictamen, con algunas modificaciones al proyecto que hay, para poder llevarlo al pleno de la Cámara, a la discusión”, añadió
Rossi recordó que la legislación que se pretende modificar data de la década del 80. “Han pasado 40 años de resoluciones, de modificaciones parciales, de amparos ambientales, de fallos del Superior Tribunal de Justicia y todo eso genera inconvenientes a los productores, que les dificulta planear su producción, sus campañas productivas, porque les modifican las reglas del juego, además, obviamente, del tema de la salud y del medio ambiente”, remarcó, al tiempo que admitió que el Estado “tiene las capacidades de control y de fiscalización destruidas”. Por esta razón, “también buscamos darles recursos, un fondo con afectación específica, crear brigadas, darle también poder a los municipios para que puedan hacer el monitoreo ambiental. En fin, hay varias cuestiones que tiene esta ley, y bueno, es un compromiso de nuestro gobernador Rogelio Frigerio que quiere tener una ley moderna en materia ambiental, de las más modernas del país, así que en eso estamos trabajando y buscando consensos”.
– Usted habla de la búsqueda de consensos, sobre todo, en las distancias de aplicación, pero suelen haber denuncias de incumplimientos…
– Hay dos cuestiones. Primero, la conciencia del productor o de la empresa o el profesional que aplica los fitosanitarios, porque no se puede cambiar el modo de producir en una provincia como la nuestra de un día para el otro y dejar de usar agroquímicos, agrotóxicos, fitosanitarios, como se le quieran llamar.
Y, la segunda cuestión, me parece importante también plantear, es que esta ley es un paliativo. Es decir, sirve, ayuda, va a ser importante porque va a dotar al Estado y a la sociedad de reglas claras, algo que también está pidiendo el Superior Tribunal de Justicia.
Pero si no hay una ley de ordenamiento territorial de la provincia que defina qué parte del territorio es para periurbano, qué parte del territorio es para suelo urbano y qué parte es para la cuestión rural, las fronteras, las distancias, que es el gran tema de las aplicaciones o de las mitigaciones, van a ser móviles, porque las ciudades crecen, con los emprendimientos inmobiliarios, de manera en general desproporcionada en la provincia, sin planificación, y también se expanden las fronteras agrícolas.
Entonces, esta ley, si se sanciona, va a ayudar, pero en el fondo lo que hay que hacer, la discusión de fondo desde mi punto de vista, es hacer una nueva ley de ordenamiento territorial, que ya empezó a trabajar el Gobierno.
Fuente: Radio Costa Paraná
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