El campo no es un aliado partidario sino un aliado de la Argentina

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La Sociedad Rural Argentina “siempre va a ser parte de la solución y jamás será parte del problema”, dijo Nicolás Pino, el presidente de la SRA, al hablar en el acto de inauguración de la 137ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realiza en el predio ferial del barrio porteño de Palermo.

“Producimos alimentos, somos generadores de trabajo y arraigo, y agregamos valor de forma sostenible a las materias primas. Sabemos qué hacer, y nos gusta nuestro trabajo. Sólo pedimos que nos dejen hacerlo sin más adversidades que las de la naturaleza, que luego se encarga de compensarlas”, remarcó, y agregó que la entidad “busca facilitar en todos los órdenes el desenvolvimiento de los productores, y está interesada, en consecuencia, en el logro del bien común en el país entero, del cual los productores somos parte”.

En ese sentido, Pino, acaso para refutar a que quienes consideran que la SRA está muy cerca de la administración del presidente Javier Milei, subrayó que “queremos seguir manteniendo un diálogo productivo con el Gobierno” pero “en el terreno de las alianzas el campo no es un aliado partidario. Es, exclusivamente, un aliado de la Argentina”.

“Debemos poder trabajar junto con la Nación, las Provincias y los Municipios. La función del Estado, en cualquiera de sus niveles, no es ciertamente ni reemplazar ni trabar nuestra actividad privada. Debe, por el contrario, generar condiciones que permitan la producción, y que nos coloquemos al nivel de los países que son, en este momento, nuestra competencia. No podemos, como argentinos, perder otra oportunidad”, advirtió.

El ruralista explicó que el sector agropecuario pide, en primer lugar, “que se continúe reduciendo la carga impositiva, para liberar nuestra capacidad productiva. Esto incluye, ante todo, eliminar las retenciones. Pero también eliminar las superposiciones impositivas. Un caso importante es el impuesto a los Ingresos Brutos establecido por algunas provincias, cuyo peso monetario es tal que, en algunos casos, iguala o supera al de las retenciones. Otro caso frecuente son las tasas viales que cobran los municipios, pero que después no se aplican en la mejora de los caminos”.

¿Dónde está el dinero de las retenciones?

Desde 2002 hasta hoy, observó, las retenciones al campo “han aportado más de 200.000 millones de dólares a las arcas del Estado. ¿Dónde está hoy ese dinero? ¿Qué hicieron con él los gobiernos? ¿Qué mejora en la situación del campo, o en la situación del país, se ha logrado con el dinero de las retenciones?”, preguntó, e inmediatamente dio la respuesta: “Ninguna”.

Pino, en este sentido, buscó dejar en claro que las retenciones “no son un problema sectorial” de los productores sino que trascienden el negocio agropecuario. “Son un flagelo para el bien común, un daño que se le hace a la Argentina en su conjunto, trabando gravemente su desarrollo”, enfatizó.

Por esta razón, añadió, “no nos cansaremos de decir que son un impuesto injusto, confiscatorio, con alícuotas obscenas que llegan al 33% del precio de mercado de nuestros productos, y son discriminatorias” con respecto a los demás sectores económicos del país porque “desalientan” la producción agropecuaria.

Si las retenciones se suprimieran, opinó, “inclusive el Estado se beneficiaría, porque recaudaría más aún a través de otros impuestos que ya existen, y son proporcionales a los resultados del trabajo realizado por los productores. Se eliminaría así un círculo vicioso que ahoga al productor y paraliza el crecimiento”.

“No hay nadie, inclusive ningún político, ni aun los funcionarios de este propio gobierno, que no admita, en público o en privado, que las retenciones son desastrosas. La terrible consecuencia es que las pequeñas y medianas empresas del campo se están ahogando. Quedan en el camino. Desaparecen, y afectan, en su caída, al entorno social que las rodea”, alertó.

Las retenciones, remarcó, “son una calamidad producida por los propios responsables de administrar y hacer crecer al país. Son peores que la peste, la inundación o la sequía. ¿Qué nos pasa como país, que no se termina de eliminar este castigo inútil?”. Añadió.

La tranquilidad que se fue

Pino, en otro orden, se refirió a la inseguridad, u flagelo que crece. “El campo argentino, en este momento, ya no es más el lugar pacífico y tranquilo que supo ser. Se multiplican los casos de abigeato, cacería ilegal, daños a silos y cosechas, robos y daños personales, incluida la pérdida de vidas humanas. No hay personal de seguridad suficiente que proteja efectivamente a la gente del campo, y necesitamos fiscalías especiales dedicadas a los delitos rurales. Esperemos que la acción de la Justicia en el campo alcance, en breve, el dinamismo y la eficiencia que necesitamos”, reclamó.

E l fondo de cese laboral y el INTA

Pino, por otra parte, defendió “la creación, por parte del Estado, de un fondo de cese laboral”, en la cual está colaborando la SRA, porque “es una herramienta que puede ofrecer soluciones integrales a estas problemáticas. Basado en los principios de libertad y desregulación, ese fondo daría previsibilidad a las obligaciones de los empleadores, y reduciría los costos judiciales, que no generan beneficios para ninguna de las partes. Permitiría dotar de flexibilidad a las empresas, y mayor seguridad a los trabajadores”, argumentó.

Con relación al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Pino dijo que “debe seguir existiendo, dedicarse a la investigación y al desarrollo al servicio de los productores; seguir trabajando en el campo de la biotecnología, y continuar desarrollando nuestras herramientas, adaptando las tradicionales y dando acceso a las nuevas, incluidas la inteligencia artificial y la robótica”. Para eso, el INTA “debe valorar a su personal calificado y tener una gestión dinámica de sus cuadros profesionales y administrativos”.

La hidrovía

El presidente de la SRA, asimismo, aludió a la hidrovía, que “necesita un mantenimiento adecuado” para poder “transportar la mayor parte de la producción agropecuaria argentina”. Ese mantenimiento, reclamó, “debe ser licitado por el Estado nacional, lo antes posible, a los efectos de reducir las tasas a las cargas, los peajes y el costo de los servicios de la hidrovía. Esa demora daña, en este momento, en forma absurda, la competitividad de los productos argentinos”.

Inversión

El agro, subrayó el ruralista, “invierte todos los años, totalmente a riesgo propio, no menos de 35.000 millones de dólares. Si pudiéramos trabajar en libertad, la producción de cereales y oleaginosas superaría los 200 millones de toneladas; la de todas las carnes, los 8 millones de toneladas; la de leche, 14 mil millones de litros; y la forestal, 2 millones de hectáreas. El valor de nuestra producción total pasaría de 40.000 a 60.000 millones de dólares”, calculó.

Respaldo al Gobierno

Pino, además, sostuvo que “a poyamos, de manera enfática, el respeto a la propiedad privada que este Gobierno promueve” y “lo acompañamos también en su campaña de desregulación y transformación del Estado, especialmente en cuanto a la eliminación de trabas y superposiciones impositivas y administrativas, que tanto encarecen y entorpecen la producción agroindustrial, en las Provincias y Municipios del país”.

También reconoció que en lo que de la gestión de Milei “ha habido un proceso de baja de la inflación, se ha flexibilizado el cepo y eliminado la brecha cambiaria, se han consolidado las cuentas fiscales, se ha saneado el Banco Central, ha habido un mayor volumen de crédito para el sector privado, el riesgo país ha bajado y se han eliminado distorsiones regulatorias. Por otra parte, ha cambiado la estrategia en las relaciones internacionales, se ha eliminado el impuesto PAIS y se redujeron los aranceles sobre los productos importados. Es de esperar que estas tendencias continúen, como políticas de Estado, que trasciendan a los gobiernos”.

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