La polémica por la conservación de los suelos continúa en Entre Ríos
Desde la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias salieron a responder las críticas que había formulado un exsecretario de la Producción provincial ante la supuesta inacción del Gobierno y los productores en materia de cuidado de los suelos. La discusión que se viene, en este marco, es si las prácticas conservacionistas deben ser obligatorias o, como ahora, voluntarias. Danilo Lima
Las críticas declaraciones que el ingeniero agrónomo Daniel Welschen, exsecretario de la Producción de Entre Ríos, realizó a este medio con relación a la supuesta inacción en materia de conservación de suelos, levantaron polvareda en la provincia dado que los destinatarios de los cuestionamientos fueron el Gobierno entrerriano, los dirigentes de las entidades agropecuarias y la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).
“Pregunto: ¿La Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, cuyos integrantes hace muchos años se reúnen permanentemente, tiene algún resultado para mostrar? ¡Somos pioneros con la Ley de Conservación de Suelos de 1989 y es muy poco lo que se avanza! Funcionarios provinciales, representantes de los productores, colegio de ingenieros agrónomos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, INTA: el suelo no puede seguir esperándolos”, había señalado Welschen, preocupado porque, según su mirada, no se observan avances significativos en políticas y acciones concretas para la protección del suelo. Instó, en este sentido, a una mayor articulación y compromiso entre el Estado, los organismos técnicos y los productores
Si bien desde el Gobierno provincial no hubo ninguna manifestación pública al respecto, desde la Mesa de BPA sí salieron a responderle. El coordinador Pablo Guelperin (foto) expresó su reconocimiento “a la trayectoria de Daniel y sus opiniones muy directas”, al tiempo que recordó que “nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos vivido la transformación del agro entrerriano durante más de 30 años”.
Guelperin defendió la labor de la Mesa de BPA. “Trabajamos sobre la base de consensos entre entidades y nuestras acciones están alineadas con la legislación vigente, que promueve pero no obliga a la conservación de suelos”, aclaró, y destacó, en este sentido, que “la principal herramienta legal es un incentivo fiscal (desgravación del Impuesto Inmobiliario Rural) para quienes adoptan prácticas conservacionistas”.
Como Welschen había pedido que la Mesa de BPA mostrara resultados, Guelperin remarcó “los esfuerzos dedicados a la sanción y reglamentación de la ley de fitosanitarios, lo que ha absorbido gran parte de su capacidad operativa debido a los litigios y amparos ambientales”. Paralelamente, “hemos desarrollado actividades de capacitación en conjunto con el Consejo General de Educación, alcanzando a más de mil alumnos y cientos de docentes en todo el territorio provincial, con énfasis en la importancia de las buenas prácticas y el cuidado del suelo”.
Limitaciones y desafíos
Guelperin, asimismo, señaló que la Mesa de BPA y el sector agropecuario “enfrentan limitaciones estructurales” especialmente “por la situación económico-financiera de la provincia, lo que condiciona la capacidad de intervención estatal”.
Reconoció que, aunque la conservación de suelos es prioritaria para el sector, en el contexto de necesidades sociales más urgentes, “no siempre ocupa el primer lugar en la agenda pública”. Propuso, ante la falta de recursos estatales, que se exploren soluciones colaborativas y cooperativas desde el sector privado y mediante consorcios.
Marco legal y propuestas de reforma
Actualmente, la ley provincial incentiva pero no obliga a la conservación de los suelos. Sin embargo, “existe un proyecto para modificar este enfoque, pasando de la promoción voluntaria a la obligatoriedad de prácticas conservacionistas, como ya ocurre en Uruguay y próximamente en Santa Fe”, explicó Guelperin, para quien este debate “debe incluir a todos los actores –productores, profesionales, investigadores y Estado– porque la obligatoriedad podría ser necesaria en zonas críticas, siempre que se acuerde en un proceso participativo”.
Acciones y ejemplos de gestión
El coordinador de la Mesa de BPA, también como forma de respuesta a las críticas de Welschen, destacó la implementación de relevamientos y controles de erosión a escala regional, como en la zona de Crespo y otras cuencas, donde la problemática se aborda no sólo a nivel de parcela sino de toda la región, con impactos positivos en infraestructura común (caminos, escuelas, puentes). “Estas experiencias son pioneras a nivel nacional y han sido replicadas en otras áreas”, resaltó.
Guelperin, en definitiva, enfatizó que no existe inacción, aunque reconoció la lentitud y dificultades para avanzar, por lo que subrayó la importancia de “mantener el diálogo y el debate abierto para dinamizar la adopción de mejores prácticas, y la necesidad de encontrar mecanismos innovadores de gestión y financiamiento”, dada la restricción de recursos públicos.
Consideró, por último, que la conservación de suelos debe ser un objetivo compartido y sostenido en el tiempo, más allá de coyunturas políticas o económicas.
Nota publicada en AIRE Agro
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