Cuestionan una iniciativa que afectaría a PyMes elaboradoras de biocombustibles

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Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, señaló que el cambio “provocaría la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y concentraría el negocio en aproximadamente seis grandes aceiteras multinacionales y cinco petroleras”. Según su análisis, la iniciativa “no generaría más empleo, inversiones ni producción, sino que permitiría a grandes compañías apropiarse del mercado que hoy abastecen las PyMEs”.

Función del sistema actual

Desde 2021, explicó Martelli durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), las PyMEs radicadas en localidades del interior producen el biodiésel destinado al corte obligatorio del diésel vendido en estaciones de servicio. “La distribución regional de estas plantas busca promover el desarrollo local, industrializar la producción agropecuaria, generar arraigo de profesionales jóvenes y agregar valor en las zonas productoras de materias primas”, remarcó.

Las empresas están ubicadas principalmente en Entre Ríos, Santa Fe, el interior de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En conjunto producen alrededor de 900.000 toneladas anuales de biodiésel, con unos 1.700 empleos directos y 8.000 indirectos. Las grandes cerealeras, en cambio, producen principalmente biodiésel para exportación y se concentran en el área portuaria de Rosario.

La cadena incluye extrusoras PyMEs –unas 400 en todo el país, con alrededor de 1.000 empleos–, transporte de aceite y biodiésel, laboratorios, seguridad e higiene, servicios y otros proveedores. También genera subproductos como glicerina, que se exporta. La industrialización de la soja abarca alimentos, insumos para laboratorios y cosmética, además de combustibles.

En Entre Ríos, el sector sostiene más de 200 empleos directos y numerosos puestos indirectos. Las plantas pagan salarios de convenio petrolero, varias veces superiores al salario mínimo, y producen biodiésel a precios competitivos internacionalmente.

Respuesta política y legislativa

Inicialmente, repasó Martelli, el oficialismo esperaba aprobar rápidamente la reforma mediante su tratamiento en comisión y luego en el recinto. Sin embargo, varios senadores, especialmente aliados provenientes de provincias donde funcionan estas plantas, comenzaron a cuestionarla al conocer sus efectos sobre empresas locales. Martelli señaló que “resulta políticamente difícil votar una norma que pueda provocar la quiebra de PyMEs de sus propias comunidades para beneficiar a grandes aceiteras y petroleras”.

La cámara empresaria se comunicó con senadores y representantes provinciales para advertir sobre las consecuencias del proyecto. El objetivo es convencer al oficialismo de introducir cambios y, si no lo logra, que la oposición y los senadores rechacen la iniciativa.

Alternativa

Las PyMEs no se oponen necesariamente al ingreso de grandes empresas, pero plantean que compitan mediante una ampliación del mercado, no desplazando la producción existente. Proponen mantener para las PyMEs y empresas no integradas el actual corte obligatorio del 7,5% y elevarlo en cinco puntos, hasta el 12,5%, destinando el incremento a aceiteras y petroleras.

Así aumentaría la producción de biodiésel, la industrialización de soja y el valor agregado sin destruir empresas ni empleos. Martelli cuestionó que el Gobierno “no quiera superar un corte del 10%, especialmente porque Brasil, Estados Unidos, Europa y países del sudeste asiático están elevando sus porcentajes de biocombustible por sus efectos económicos y ambientales positivos”. Si la reforma sólo busca desplazar a las PyMEs, sostuvo, sería preferible conservar la Ley 27.640, cuyo funcionamiento consideró satisfactorio.

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