El problema no es el precio de la carne sino la inflación y el desorden fiscal
La carne tuvo en noviembre el aumento que no se dio en los cuatro meses previos en los cuales se acumuló inflación y mayor emisión monetaria. Además, si se pretende bajar el precio de la carne hay muchas cuestiones ya planteadas y vinculadas a lo fiscal que ojalá se encaren en 2022. Por Daniel Urcía (*)
Comenzamos esta nota con un cuadro comparativo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Indec, mostrando su evolución mensual y también la evolución de los distintos cortes que el mismo informe desglosa según la medición en Gran Buenos Aires. Incluimos al pollo y no al cerdo, porque, como supimos explicar, según la Encuesta Nacional de Hogares que se utiliza para el relevamiento del consumo, que data de 2003, el consumo de cerdo no era relevante por ende no tiene representación en el Índice de Precios cuando el cerdo hoy representa casi el 20% del total de consumo de proteína animal por habitante. A su vez, incluimos el incremento de la base monetaria y el aumento mensual extraído de los informes mensuales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Como se puede apreciar, la carne bovina no tuvo incrementos de precios desde julio, en algunos casos incluso hubo retrocesos, pero, en todos los meses el índice general de precios se sostuvo en tasas similares a la de noviembre, e incluso por encima. Entonces nos preguntamos, ¿es la carne responsable de la inflación? Ofrecemos los datos y dejamos la respuesta a interpretación de los lectores.
Fifra acordó con la Federación del Personal de la Carne y sus Derivados el pago de una suma extraordinaria y no remunerativa de $20.000 que viene a reforzar la paritaria acordada y vigente hasta el 31 de marzo de 2021 que, por otra parte, posibilitó que los trabajadores de la carne no pierdan frente a la inflación.
Lo realmente importante del mes ha sido el anuncio efectuado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, luego de reunirse con los actores de la cadena, de que el próximo año se eliminarán las restricciones sobre las exportaciones, con la sola limitación de los siete cortes, a excepción de la categoría de vacas D y E. Esto permitirá a las empresas poder disponer con libertad de programar sus actividades sin limitarse a la obligación de tener que hacer un determinado volumen y a veces malvender para no perder el cupo de producción de dicho mes, además de dispensarlas de tareas administrativas innecesarias.
Por otra parte, entre los anuncios se promueven líneas de créditos para todo el sector con tasas subsidiadas en 7% por parte del Ministerio y la posibilidad de ampliar dicho aporte por parte de las provincias. Esta actitud inaugura una nueva época, la de buscar incrementar el stock, en definitiva intentar aumentar la oferta, lo que siempre sostuvimos desde el sector privado.
Sería indispensable tratar y aprobar las leyes de incentivo fiscal, que promuevan la desgravación de impuestos por la mayor producción y el cambio de valuación fiscal en la hacienda a semejanza del proyecto elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) y elevado al Congreso por el Poder Ejecutivo recientemente. Lamentablemente los tiempos legislativos no alcanzarán para la equiparación de la alícuota de IVA en el servicio de faena por lo que, por un año más, no se realizará la adecuación y se seguirá acumulando IVA técnico en los matarifes un año más, no forma parte de la adecuación. Seguirá siendo IVA técnico en el matarife y pasará a engordar el costo fiscal del precio final como viene sucediendo en los últimos años.
Es necesario trabajar en reducir la participación del componente impositivo en el precio de la carne. Como lo demuestra el trabajo de la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuaria (FADA), el rubro impositivo representa la mayor participación en la composición de los precios con el 30%, la industria lo hace con el 7%, el sector comercial minorista con el 13%, la cría con casi el 25%, la recría y terminación con otro 25%.
Como lo hemos dicho, urge un régimen simplificado para las carnicerías. De nada sirven programas de precios a un producto que no se les puede vender a los comercios de las “barriadas” por no poder ser facturado, visibilizando y liberando a dicho comercio del impuesto al débito y al crédito, junto a un acuerdo con las provincias para que la alícuota de Ingresos Brutos sea de solo el 1%. Esto significaría bajar casi $50 por kilogramo de carne en todo el país.
Eliminar las tasas por marcas y señales que datan de la sanción del Código Civil (1869), cuando las ciudades y comunas llevaban el registro de stock de animales, sería otro importante avance en pos de depurar impuestos (en dicho caso tasas) que perdieron razón de existencia, pero que son costo argentino y van al precio que pagan los consumidores.
Hemos solicitado formalmente a las autoridades de los Ministerios de Economía, de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, nuevamente, la eliminación del régimen de derechos de exportación con referencia a valores y medidas de Chicago del régimen actual para la exportación de cueros crudos frescos o salados. Como se ha explicado, existe un régimen que data de más de 30 años de protección y en consecuencia traslado de beneficios económicos al sector curtidor en detrimento de la cadena de producción. No es factible exportar por aplicación de la fórmula de precios en dólares sobre la pieza del cuero de Chicago y el porcentual de derechos de exportación local. No resulta comprensible que esa fórmula se continúe utilizando, sin entrar a considerar otros intereses que no hacen al bien común. En forma subsidiaria a lo expuesto y para avanzar en la eliminación total del régimen dejamos planteada la posibilidad de liberar totalmente al menos 4 millones de unidades por año.
Continuando con nuestra tradición de sustentar nuestros dichos con hechos, fue relevante el operativo realizado por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (Dncca) en la región de la Punilla, provincia de San Luis, en un matadero de tránsito local, donde se decomisó por carecer de documentación de respaldo (negro) un total de 120 reses entre bovinos y porcinos. Cuando hablamos de combatir la marginalidad, nos referimos a esta situación. Ese matadero lleva años haciendo lo mismo.
La agenda de temas para trabajar con el Gobierno nacional y con autoridades provinciales y municipales es amplia, ojalá que el próximo año sea el comienzo de la resolución de todos ellos, sólo así recuperaremos competitividad y mejoraremos las condiciones de manera inclusiva para todos los argentinos y con justicia social. La ayuda para unos en la Federacidetrimento de otros no es justicia social.
(*) Presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra)
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