Muchas declaraciones de emergencia, pocas soluciones
Por Agustín Etchegoyen (*)
No es noticia para nadie que este verano 2021/22 estamos sufriendo una de las peores olas de calor desde que hay registros. Si a los 42 grados de temperatura le sumamos la ausencia casi total de lluvias y, encima, cortes de luz y agua en las ciudades, el combo resulta fatal.
Por supuesto, el campo no es ajeno a esta situación. En estos meses de sequía, para los productores se tornó una verdadera odisea intentar mantener alimentado e hidratado al ganado, como también evitar la pérdida total de los cultivos por los calores extremos y la falta de lluvia.
Sólo en Entre Ríos, el 85% del territorio se encuentra en una sequía casi total.
El promedio de lluvias en la provincia apenas ronda los 40 milímetros en estos 45 días, muy por debajo de los 310 milímetros que llueven normalmente por estos meses (según el promedio de los últimos 17 años).
Esta falta de lluvias provocó que el 83% de los cultivos de maíz, el 62% de la soja de segunda y el 47% de la soja de primera se encuentren en estado de regular a malo, con pérdidas totales según lo informado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
También se deberían agregar los incendios, que ya quemaron hasta 5.000 hectáreas forestales.
De parte del ganado, los animales que sobrevivan a esta sequía perderán uno de cada cuatro kilos de su peso corporal.
Los índices de preñez, vitales para continuar el proceso productivo (por obvias razones), están por debajo del 50%. Es decir, se pierde una de cada dos posibles crías.
Agrava aún más el bajo porcentaje que ya ostenta la región, dado que el índice de preñez debería estar por encima del 80% y usualmente se acerca al 65%.
Además, si sumamos las restricciones para comerciar, tanto para el mercado interno como para el exterior, la situación de la industria cárnica entrerriana está en un estado lamentable, lo que se replica a nivel país (en precios y en la calidad de los alimentos).
Pero todo esto no es nada comparado con la otra emergencia que sufren todos los años los campos entrerrianos y de todo el país: la presión fiscal.
Debido a los impuestos nacionales y provinciales, entre un 72% y un 87% de los ingresos de los productores se destina a sostener el aparato estatal.
Un aparato estatal que cada vez es más grande y costoso de mantener, pero que en situaciones como ésta no brinda respuestas.
Recién el 19 de enero fue la primera vez en seis años que el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, se reunió con las entidades gremiales del agro en la Mesa de Enlace por este problema.
Por otro lado, funcionarios nacionales y provinciales de la oposición, tuvieron su propia reunión un día antes, el 18 de enero.
Sin embargo, en ambas reuniones la “solución” propuesta sólo recae en una vieja confiable para estas ocasiones: la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario. Pero, ¿qué se soluciona con esta declaración?
En principio, es menester destacar que la declaración de emergencia implica una destrucción de al menos el 50% de los campos productivos de una región, mientras que un desastre refiere a un daño irreversible de al menos el 80% de la producción.
Desde 1983 hasta 2022 este será el año número 17 que Entre Ríos se declara en emergencia agropecuaria, lo que da un promedio de una emergencia cada 2 años y 4 meses.
Sin embargo, esto no es todo. Si se consideran las oportunidades en que se declaró a, al menos, el 25% del territorio provincial en emergencia, en total hubo crisis en el sector agrario entrerriano en 25 de los últimos 39 años, una emergencia cada 18 meses.
En todas estas ocasiones, la propuesta recayó en básicamente lo mismo: prorrogar el pago de los impuestos provinciales, Inmobiliario Rural e Ingresos Brutos, por unos meses (usualmente de 6 a 12), con una refinanciación por esta deuda. Lo mismo ocurre con algunos impuestos nacionales, como Ganancias o Bienes Personales.
En pocas palabras, en contextos de crisis, el gobierno, más que sugerir una solución, sólo le dice a los productores: “Ok, no los ejecutamos ahora pero los ejecutaremos en unos meses”.
¿Resultado? Emergencias cada dos años.
Por si fuera poco, desde 2007 se empieza a mencionar de manera más frecuente de casos de desastre agropecuario, que implican pérdidas de al menos el 80% del campo productivo, a diferencia de las emergencias que “sólo” refiere a pérdidas del 50% de las tierras productivas.
Es decir, no sólo no se resolvió el problema, sino que se podría decir que se descendió de categoría, al pasar de tener emergencias a desastres.
Aunque de por sí esta diferencia es meramente declarativa, porque los “beneficios” que se otorgan a una emergencia o un desastre son exactamente los mismos: prórroga del Inmobiliario Rural y de Ingresos Brutos. Así funciona desde 1983 y así funcionará en 2022.
Por esto va la siguiente pregunta: ¿No será que el verdadero problema en realidad recae en estos impuestos?
Si con las prórrogas igualmente cada dos años se necesita declarar una emergencia y volver a prorrogarlos, ¿no sería más fácil directamente suprimirlos?
O, al menos, que se considere para estos impuestos la capacidad productiva real del campo o la producción efectiva de ese año como base imponible. Esto es porque, hoy en día, el Inmobiliario Rural considera como base imponible meramente la tenencia de tierras.
Por este motivo el Inmobiliario Rural resulta tan distorsivo, ya que un par de malas temporadas y este impuesto lleva a la quiebra a cualquier productor, porque no importa si ese año tuvo una mala cosecha, el impuesto lo tendrá que pagar igual. Lo mismo sucede con el Impuesto a las Ganancias, se grava antes de que el productor sepa realmente qué es lo que venderá o producirá.
Todas estas complicaciones no han sido tomadas en cuenta por ninguna declaración ni ley de emergencia y/o desastre agropecuario.
Sin embargo, en lo que sí resultaron efectivas estas declaraciones fue en la especialidad del Estado deficitario: crear más organismos estatales.
La Ley Nacional 22.913 de 1983 creó la Comisión de Emergencia Agropecuaria, que se encargaría de proponer declaraciones de emergencia ante eventualidades en cualquier territorio del país.
Luego, esta ley sería modificada en 2009 por la Ley Nacional 26.509, pero en realidad esta nueva legislación es básicamente una copia de la ley de 1983, aunque con un agregado: crea el Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, cuya función radica en observar la ejecución de los planes de la Comisión de Emergencia.
Es decir, a falta de un organismo estatal ahora hay dos. Para colmo, todavía falta considerar que cada provincia puede crear su propia Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria. Por supuesto, en Entre Ríos esta comisión existe desde 2020, gracias a la Ley Provincial 10.836.
En pocas palabras, hoy en día existen tres entidades estatales para resolver un mismo problema. Cada una con, al menos, siete miembros, por lo que hablamos de, mínimo, 20 funcionarios más al enorme organigrama estatal.
Se podrá contra argumentar que estos funcionarios no perciben remuneración pero sí reciben algo mejor: viáticos. La forma más sencilla de ocultar un sueldo estatal.
Aunque eso no es todo. Estos organismos también se encargan de algo muy importante: la asignación de créditos a los productores afectados por la emergencia, a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Cuando se sancionó la Ley Nacional 26.509 en 2009, la asignación para este Fondo sería de al menos $500 millones, o $130 millones de dólares para la época.
Sin embargo este monto nunca se actualizó, por lo que hoy esos $500 millones sólo representan $5 millones de dólares (o 2,5 millones, según el tipo de dólar que se utilice).
Para este 2022 se habla de actualizar este monto y aumentarlo a $12.500 millones, pero esto conlleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se financiaría este aumento?
Las únicas dos opciones que posee el Estado para lograr este incremento son: o cobrar más impuestos, cosa que recae nuevamente en los productores (por si no tuvieran suficiente) y que resulta contradictorio con la propia declaración de emergencia que prorroga impuestos.
La otra opción es aumentar la emisión monetaria, cosa que ya sabemos que en el corto plazo solo provocará más inflación, golpeando ya no sólo a los productores sino a todos los ciudadanos.
En cualquier opción, la medida resultará en un nuevo tiro en el pie.
Para ir finalizando, en esta exposición se intenta mostrar que una declaración de emergencia no es una solución si no se acompaña con medidas que realmente se destinen a sobrellevar la crisis actual y evitar futuras complicaciones.
Como vimos, cada dos años y medio Entre Ríos debe declararse en emergencia, e incluso en desastre, por lo que el problema no sólo no está desapareciendo sino que aumenta con el paso de los años, mientras el gobierno sólo propone parches que ya no han funcionado.
Por otro lado, los productores no piden ni privilegios ni subsidios, lo único que necesitan es que se deje de “pisarle la cabeza” con impuestos desorbitantes, trabas burocráticas y restricciones comerciales.
Los cepos al comercio exterior, la imposición de precios a nivel interno y la restricción de importaciones de maquinaria o agroquímicos lo único que generan es disminuir la capacidad productiva del agro y, además, que la calidad y eficiencia de sus producciones sea cada vez menor, lo que para el Estado significa menor recaudación y menor inversión.
La solicitud del campo no es complicada, lo único que precisa es que se empiecen a disminuir y agilizar las trabas burocráticas, además que se facilite la comunicación directa con las autoridades gubernamentales.
Ya existen demasiados intermediarios como para seguir sumando comisiones y órganos estatales que los mismos productores (y los contribuyentes en general) deben mantener.
Si por alguna complicación, o para llevar a cabo una inversión, algún productor requiere de acceso a créditos, éstos tienen que ser facilitados por el ámbito privado. El Estado puede (y debería) acompañar y facilitar los trámites, pero no como sucede hoy donde sólo el Estado otorga pero en los momentos que el Estado considera, no cuando el productor necesita.
Las sequías o inundaciones son problemáticas normales, que es sabido para el ámbito agrario que pueden suceder, pero no es algo que el Estado toma en cuenta a la hora de recaudar. Considera que en todo tiempo y lugar la producción será la misma, no importa lo que suceda. Esta desconexión entre sector público y sector privado es lo que origina las emergencias.
(*) Licenciado en Política y Relaciones Internacionales (UADE)
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