Un análisis de extremos en posibles políticas energéticas

Por Alejandro Di Palma (*)

31/03/2022 |

En un mundo superconectado en términos no sólo comerciales sino digitales, resulta verificarse la “globalización” de los impactos que se producen en algún lugar, la distorsión que produce una determinada singularidad, alcanza a distorsionar casi instantáneamente la realidad, aun en puntos muy distantes.

Hoy con una guerra desatada entre Rusia y Ucrania, este fenómeno explica impactos económicos que adquieren una centralidad tal que importa analizar.

Tengamos en cuenta que más allá de este desastre actual, por ejemplo, en 2008 ante “la crisis sub prime” de los mercados financieros, hemos tenido una alteración similar y luego, más recientemente, la crisis Covid-19 que planteó el mismo tipo de distorsiones, vemos que resulta absolutamente improbable la predicción de estos eventos catastróficos.

Queda claro, entonces, que hay que tener un cierto grado de modestia y desestimar la capacidad de previsión, recordando el mito de Casandra, que nos enseña que es preferible la credibilidad que el don de la clarividencia; esto es, en todo caso es más útil exhibir una reacción rápida, lo que evitará problemas mayores, a esperar prevenir de antemano una crisis.

En particular en este momento tan peculiar, los nuevos precios de la energía afectan el déficit fiscal en pesos, y la meta de reservas en dólares, dos puntos centrales que forman parte del compromiso asumido con el FMI.

Respecto del déficit fiscal en pesos: ¿Cuál será la actitud del Gobierno? ¿Más aumentos de tarifas o más déficit fiscal (¿cómo se financia ese déficit?)? Y, mientras tanto, la meta de incremento de reservas resulta violentada por estos precios internacionales.

Los extremos

Sabemos que existen, en la actualidad, dos modelos antagónicos posibles para definir la actitud de los Estados frente a los impactos o distorsiones que propone la volatilidad de los mercados. El primero está vinculado a un criterio, digamos, de “laissez faire”, de evolución libre, donde el Estado sólo se propone como observador de la distorsión, apelando eventualmente a la transitoriedad de la distorsión, es decir espera a que se extinga esa distorsión suponiendo que todo volvería a las condiciones iniciales. El otro criterio es el que propone una acción directa del Estado para evitar o quizás suavizar el impacto de la distorsión; esta acción a veces es independiente de la consideración sobre la duración del transitorio y generalmente se funda en la percepción de que esa alteración significa un daño que se mantendría durante mucho tiempo en la sociedad.

También hay que tener en cuenta que el aspecto más difícil de cualquier política es evaluar las diversas ventajas/beneficios, ya que una determinada política puede ignorar una cosa y obtener mucho de la otra, por supuesto que lo que se persigue es tener o definir un programa equilibrado. Todo indicaría que lo ideal sería poner el crecimiento y la reducción de la pobreza en el centro de la agenda, conteniendo la inflación, pero evitando las recetas recesivas.

Teoría de la libre evolución

Bajo esta lógica, el Estado debe permanecer como un simple observador, inmóvil ante los posibles incrementos de los valores internacionales de la energía.

En este grupo se podría decir que se encuentra hoy la mayoría de los países centrales del mundo occidental, sigue un pequeño recordatorio de los problemas que se han ventilado en relación a esta política energética.

Los precios en surtidores y tarifas se dispararon generando incertidumbre y mucho malestar social, esto explica el incremento de las imágenes negativas de los oficialismos y la aparición de posiciones políticas radicalizadas.

Estos aumentos en los costos energéticos, que fueron liberados por inacción, dispararon fenómenos inflacionarios que redujeron el poder adquisitivo de la sociedad y por ende indujeron un incipiente enfriamiento de la economía.

Asimismo, al elevarse los costos energéticos, éstos impactaron sobre la matriz de costos de toda la oferta y generaron lo que se conoce como “inflación de segunda ronda”, es decir este aumento incrementa el valor del resto de los bienes.

Vemos, en definitiva, el carácter inflacionario de esta inacción y debemos considerar que esa inflación determina el nivel del salario real, que a su vez determina la orientación del voto.

Debemos señalar que la gente tolera o deja de tolerar a un líder político o a un gobierno por muchísimas razones, pero sobre todo por una: el poder adquisitivo, luego, recomponer la capacidad de compra es una cuestión medular.

Sigue un segmento seleccionado de una entrevista a Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001)

“Soy muy desconfiado de los subsidios a la energía por dos razones. Una, el beneficio va desproporcionadamente a aquellos que están mejor. La realidad es que las personas más ricas consumen más energía, consumen más de todo, pero consumen más energía. Entonces, en efecto, cuando tienes un subsidio energético, estás subsidiando no sólo a los pobres, sino también a los ricos. Es mucho mejor dirigir subsidios a las personas que realmente necesitan el dinero”.

Teoría del Estado protector

Siguiendo esta dirección, el Estado se presenta como garante de llevar adelante políticas activas que impidan los posibles impactos de la evolución de los precios internacionales sobre el mercado interno.

En este sendero normalmente se encuentran los países que son grandes productores de un bien y que deciden abastecer su mercado interno a precios diferenciales (aunque nuestro país no pudo nunca hacer eso con la producción agrícola), o bien los países con políticas monetarias definidas de forma tal de subvaluar mucho su moneda, lo que por supuesto presenta una clara imposibilidad social de acceder a bienes a precios internacionales.

El beneficio de estas políticas reside en evitar los impactos inflacionarios debidos a estos aumentos de precios internacionales, pero sabemos que “en este mundo nada es gratis”, de manera que procedemos a hacer un listado de efectos colaterales de esta línea política:

  • Atrasos tarifarios y/o atrasos en los precios, que generan dos posibles problemas. En caso de que el Estado reconozca el valor total del servicio o bien energético, se genera un elevado costo fiscal que sostiene el sistema.
  • La segunda alternativa es que el Estado obligue a entregar el servicio o el bien energético a una compañía determinada generando quebrantos.
  • Y luego tenemos un mix de las dos alternativas anteriores, donde el Estado reconoce un valor mayor por el bien energético ante “la falta de los necesarios análisis de costos” y otro escenario donde la empresa privada recibe un valor inferior al costo de producción.

En todos los casos anteriores, el excedente de la producción es exportado a precios internacionales en caso de que estos excedentes existieran.

En relación a este formato y sus impactos negativos, basta con ver la realidad actual sin necesidad aún de apelar al incómodo ejercicio del recuerdo, el que también nos propondrá cuestiones sobre este último modelo.

Sin embargo, dejar de lado estas políticas en la actual coyuntura representa un problema de complicación superlativa, casi paradojal, ya que el principal conflicto que tiene la Argentina es una profunda crisis de déficit de ingreso de la sociedad. Lógicamente los impactos que vienen de afuera escapan al control de cualquier Estado, pero éste debe intervenir con medidas domésticas para morigerar el golpe.

Equilibrios inestables

Creo que ha quedado claro el hecho de que la política extrema en la cual el Estado intenta aislar totalmente a la sociedad de las eventuales alteraciones del mercado tienden a atrasar los precios en forma sostenida, generando pasivos fiscales, excesos en los consumos y en caso de tratarse de un bien energético con posibilidades de exportar, aparecen pugnas por alcanzar esos valores internacionales que reducen la oferta.

El otro extremo, la política energética donde el precio solamente es regulado por el mercado, genera más allá de los puntos señalados una incertidumbre esencial en la sociedad que confronta fuertemente con un estándar de vida que explica la adhesión a un gobierno, por ende, ese rechazo luego se transforma en repulsión política.

Vemos que ambas posiciones extremas son en definitiva “equilibrios inestables”, ya que un país no puede permanecer eternamente en ninguna de estas posiciones. La energía es un tema trascendente (por definir el estándar de vida y por la posibilidad de desarrollo) y como tal el debate no puede estar secuestrado por posiciones extremas.

El encantamiento por sostenerse en alguno de los dos extremos habla de un sesgo ideológico que anula toda posibilidad de análisis objetivo sobre la realidad existente. El peligro es obvio.

En estas situaciones, como las que se presentan actualmente en nuestro país, las posiciones radicales se imponen y la moderación no encuentra espacio para expresarse, esto permite seguir sosteniendo el actual status quo o bien plantear su antítesis, la que vemos, resulta en problemas que podemos encontrar descriptos en noticias de Estados Unidos y Europa.

Parecería, entonces, que el camino más sensato es un intermedio, parafraseando a Henry Kissinger, “un acuerdo que diste de darle satisfacción absoluta a las partes y en lugar de eso les brinde una insatisfacción balanceada”.

 

(*)Empresario paranaense. Titular Estación de Servicios de Laurencena.

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